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En medio de acusaciones por desaparición de documentos, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Puebla admitió 28 pruebas presentadas  por los regidores y síndico municipal en el proceso de disolución del ayuntamiento de Tehuacán.

Los diputados aprobaron el dictamen,   presentado por la presidencia de la comisión por cuatro votos a favor de diputados de Morena, Verde Ecologista y Encuentro Social; y tres en abstención del PAN, PRI y el diputado sin partido Marcelo García Almaguer.

Mónica Rodríguez Della Vecchia, acusó que hubo violaciones al acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política y de la Mesa Directiva del Congreso local que suspendió las actividades presenciales en la sede legislativa, con el fin de realizar las comparecencias.

Asimismo, señaló a la comisión de ocultar las pruebas presentadas por el presidente municipal suplente Andrés Artemio Caballero López con la intención de proceder con la disolución del ayuntamiento de Tehuacán.

La Secretaría Técnica indicó que por «error humano» se dejaron fuera las pruebas presentadas por el edil suplente, sin embargo, los diputados aprobaron integrar los documentos presentados. La documentación que se pretendía rechazar consistía en actas de Cabildo y del Tribunal Electoral del Estado (TEEP) que se remitieron en copias simples, lo cual se usó como argumento para desecharlas.

 

La diputada del PRI, Rocío García Olmedo, pidió que se reponga todo el procedimiento debido a que se habían cometido múltiples errores procesales.

La diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia (del PAN) y Javier Casique Zárate (del PRI) coincidieron en que el procedimiento está viciado de origen y presenta varias ilegalidades que podrían invalidarlo.

La panista enfatizó que es ilegal no haber convocado a audiencias a los regidores suplentes y que las audiencias hayan sido presenciales a pesar de que el Congreso local suspendió las actividades en este formato.

La desaparición de todo el Cabildo, sin fincar responsabilidades y sancionar de forma particular a cada regidor, es otro de los aspectos que consideró un abuso.

Vianey García Romero (de Morena), presidenta de la comisión, defendió que el procedimiento se realizó apegado a derecho y con respeto a la presunción de inocencia, pero la mitad de los regidores se negaron a acudir a las audiencias.

Esto a pesar de que el caso ya llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues Caballero López interpuso una controversia constitucional la semana pasada.

 

 

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