- Aprobar la iniciativa preferente enviada por el Ejecutivo impactará en las tarifas y dañará economía de familias, trabajadores y empresas
- Hay que privilegiar a los usuarios y no a una sola empresa, como la CFE
Los recientes apagones y las crecientes fallas en el sistema eléctrico nacional que están afectando no sólo a las empresas sino a miles de familias, nos obligan a reflexionar si la pretensión de reformar la actual Ley de la Industria Eléctrica no terminará perjudicando a los mexicanos para beneficiar a una sola empresa, en este caso la CFE.
Tan sólo en estos días, se han perdido más de mil 500 millones de pesos y se afectó al 80 por ciento de las maquiladoras y sus trabajadores, a usuarios y familias completas, a enfermos cuya salud depende de aparatos eléctricos y a pequeños y medianos emprendedores que apenas estaban reactivando sus labores tras la restricciones impuestas por los semáforos epidemiológicos en color rojo. En este contexto, COPARMEX ante la desatención a las recomendaciones emitidas en días previos en diálogos sostenidos con el Congreso, ha decidido mediante cartas enviadas a los diputados federales para advertir los severos daños que puede tener la decisión de aprobar esa reforma tal como la envió la Presidencia de la República.
El primer efecto pernicioso de aprobarse la iniciativa preferente en sus términos, es un alza en las tarifas. Estas aumentarán 17% y el costo deberá ser pagado por los usuarios o mediante subsidios por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que significa que a final de cuentas serán los mexicanos quienes asuman ese costo, ya sea en el recibo o mediante impuestos. Tampoco se generará mayor eficiencia. El costo total de la energía producida por las plantas de la CFE fue 26% mayor al de la generación de los productores independientes de energía y tuvo el doble del costo obtenido en las Subastas de Largo Plazo.
Esto no es lo deseable, ni para el País ni para los ciudadanos. México necesita seguridad energética y con los recientes apagones en diversos estados del país ha quedado de manifiesto que garantizar un servicio confiable, suficiente y de calidad, requiere de la participación de la inversión privada para coadyuvar en esta meta. No se trata de un debate ideológico, sino que se debe poner al centro de la toma de decisiones a los ciudadanos de a pie, quienes no merecen pagar tarifas más altas por un servicio básico cada vez de menor calidad. Ante la tentativa de modificar la ley para beneficiar a una empresa (CFE), a costa de sacrificar al usuario final, a las familias, a los trabajadores, a los pequeños y medianos empresarios que buscan mantener a flote sus negocios, no podemos permanecer pasivos. En esas cartas enviadas a los diputados federales también se dejó en claro que desde COPARMEX estaremos atentos al sentido de su voto en esta agenda tan relevante, y que confiamos en que su decisión será rechazar los términos en que se encuentra la iniciativa preferente para dar pie a un espacio de análisis y reflexión más profunda sobre el tema que permita a los legisladores estar a la altura de los desafíos que enfrenta el país y de las soluciones que se requieren en beneficio exclusivo de los mexicanos y no de cualquier otro
