- Los magistrados del TFJA estimaron que el SAT no respetó las garantías de audiencia de Gordillo Morales a la hora de revisar el pago de sus impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) anuló este miércoles un crédito de 16.1 millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pretendía cobrar a Elba Esther Gordillo.
Se trata de la segunda decisión similar que el TFJA dicta a favor de Gordillo Morales en la última semana.
El miércoles 6 de enero, invalidó el crédito fiscal de 9.4 millones de pesos, fincado en 2016 a la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
En sesión pública realizada esta tarde y por votación divida de 4-3, los magistrados del TFJA estimaron que el SAT no respetó las garantías de audiencia de Gordillo Morales a la hora de revisar el pago de sus impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
Los magistrados recordaron que en octubre de 2015, cuando se determinó el crédito fiscal, Gordillo estaba privada de su libertad; además de que hubo una negativa del SNTE a entregar información comprobatoria de gastos.
“Se concluye que la actora, al haber estado privada de su libertad, no pudo actuar por ella misma, y por tanto realizar lo jurídico y humanamente posible para allegarse de la documentación necesaria para desvirtuar los hechos y omisiones que le dieron a conocer a través del oficio de observaciones”, determinó el TFJA.
Al igual que ocurrió con la decisión del miércoles pasado, los magistrados dejaron la puerta abierta para que el SAT, que ahora encabeza Raquel Buenrostro, decida, en un plazo de cuatro meses, si reinicia el procedimiento contra Gordillo Morales.
Las dos resoluciones del TJFA son trascendentes, porque los créditos fiscales están relacionados con la imputación penal que la desaparecida PGR (hoy FGR) hizo contra Gordillo Morales, acusación que la mantuvo presa prácticamente durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Gordillo fue detenida el 26 de febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca, Estado de México y liberada en agosto de 2018, un mes después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador cómo Presidente de México.
La mujer estuvo presa en el reclusorio femenil de Tepepan, acusada lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.