Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) que publicó INEGI en 2018 hubo 33.6 millones de delitos, pero solamente se denunció el 6.8% (2.3 millones). Las razones del bajo nivel de denuncia no son ajenas al día a día de las personas: pérdida de tiempo, desconfianza, burocracia, maltrato de la autoridad y/o temor a extorsiones.

Más allá de esas alarmantes cifras que explican la consecuencia de un problema a partir de la percepción de las personas, y no sus causas, el mensaje parece inequívoco. El eslabón más débil de la cadena de justicia penal en México está en la etapa de procuración, en donde las víctimas prefieren no enfrentarse al riesgo de ver expuesta su integridad personal y patrimonial al denunciar un delito. En consecuencia, la delincuencia aprovecha el camino libre para circular en la impunidad.

Pero ¿qué ha hecho falta para contener ese problema después de ocho años de implementar un nuevo sistema de justicia penal y a tres años de su entrada en vigor? Porque si algo muestra hoy la creciente espiral delictiva que hay en el país, es que esos 11 años de esfuerzo no fueron una solución eficaz.

Ni la seguridad ni la justicia llegan a las personas por decreto. Para lograrlo, se requiere un esfuerzo mucho más importante que involucra, por una parte, la generación de evidencia documentada que refleje las necesidades reales de víctimas al activar el aparato estatal para proteger su persona y patrimonio, pero también urge voltear a atender, sin ocurrencias, la situación de los policías, defensores, peritos y ministerios públicos que hoy están rebasados por la carga de trabajo, mal capacitados (ya sea en el sistema de justicia penal o en materias vinculadas que hoy deben ser ejes transversales del servicio público como género, derechos humanos, inclusión, entre otras), sin material y equipo de trabajo suficiente, con bajos salarios y sin prestaciones laborales adecuadas.

El problema de procuración de justicia requiere pensar fuera de la caja. Es imperante atender la situación actual en donde los delincuentes pueden ser quienes más confianza tienen en el sistema de justicia mexicana, pues a ellos no les pasa nada.

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