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Los regidores de Tehuacán que integraron la ilícita comisión de transición, Víctor Cannan, Israel Nasta, Yessenia Hernández y los regidores, Sara Sánchez, Alejandro Villareal e Irma Villanueva, dejaron plantados a los diputados ante quienes debieron comparecer para ofrecer pruebas o alegatos dentro del proceso de disolución del cabildo de Tehuacán.
El que sí se presentó fue el presidente municipal suplente, Artemio Caballero López.
Los integrantes del Cabildo de Tehuacán fueron citados por segunda ocasión luego de que el pasado 13 de julio se negaran a presentarse ante los diputados locales y sólo se presentaron la Síndico Municipal, Laura Gallegos, y los regidores, Elba Nueves, Laura Castuera, Francisco Salceda, Reyna Paredes.
La presidente de la comisión, Vianey García Romero, señaló que no se otorgará una tercera oportunidad para comparecer a los regidores y se procederá con el análisis de la documentación y las declaraciones de quienes si comparecieron.
“Ellos se pierden de su posibilidad de presentar pruebas y alegatos, nosotros seguiríamos en el procedimiento de la revisión de las declaraciones de quienes si se presentaron y en ese sentido se determinaría si se desaparece o no el Cabildo municipal en la siguiente comisión de Gobernación”.
La diputada de Morena señaló que a partir de este día la comisión tendrá 30 días para analizar y determinar si se procede con la disolución del Cabildo de Tehuacán, y se convocaría a sesión extraordinaria del Pleno para su aprobación.
Vianey García sostuvo que aún no se analizan perfiles para la integración de un Concejo Municipal para tomar el control administrativo de Tehuacán.
Yo creo que en el tema del Concejo se tendría que resolver en conjunto con la Junta de Gobierno y Coordinación Política”.
De acuerdo con la presidente de ese órgano legislativo, Vianey García Romero, los diputados han podido corroborar que el cabildo de esa ciudad incurrió en un uso indebido de facultades en más de 700 movimientos, ante la ausencia del edil Felipe Patjane Martínez, quien enfrenta hoy un proceso penal en prisión por los delitos de uso indebido de facultades y atribuciones contra el ayuntamiento.
