• El jueves pasado, en reunión con el presidente López Obrador, se había acordado respetar la ley y permitir que el PAN presidiera la Mesa Directiva.

La presidencia de la Cámara de Diputados quedará, como lo dictaba la norma legal, en manos del PAN. Eso se logró, por la renuncia digna de Porfirio Muñoz Ledo a la presidencia de la Mesa Directiva; hecho que abrió un espacio de negociación que se había perdido por la intolerancia y el agandalle del ala dura de Morena, encabezada en San Lázaro por Dolores Padierna en contra del coordinador, Mario Delgado.

Desde el jueves, en una reunión con el presidente López Obrador, se había acordado respetar la ley y permitir que el PAN presidiera la Mesa Directiva. Interrogado el Presidente en esa reunión sobre el tema por DelgadoLópez Obrador preguntó cómo lo indicaba la ley y, en consecuencia, ordenó que se la respetara. Así quedó definido y el viernes Mario Delgado salió a declarar que no habría reelección.Por la noche los principales hombres del Presidente confirmaron esta versión.

Pero se cruzaron Padierna y los duros morenistas que no están viendo el bosque sino el árbol de la sucesión en el partido y aún más allá, y que habían perdido la posibilidad de reelegir a Martí Batres en el Senado, para tratar de reimponerla en Diputados. De alguna forma convencieron a Porfirio de quedarse en la presidencia y presentaron una iniciativa de reforma a la ley del Congreso para que quedara la presidencia de la Cámara en manos de Morena, pero, sobre todo, para exhibir, en la lucha interna, a Delgado, quien a su vez tiene un acuerdo firme con Ricardo Monreal, el líder de Morena en el Senado, que es otro de los objetivos de los grupos más radicales del partido.

Todo lo demás es un sainete. Muñoz Ledo, a sus 86 años, tuvo la sensatez de dejar el cargo, exactamente 22 años después de que asumiera la presidencia de esa misma cámara, en 1997, a través de un acuerdo opositor, acabando así con décadas de hegemonía priista. Hubiera sido una triste jugada del destino que, casi un cuarto de siglo después, terminará acabando con la rotación democrática entre partidos que él mismo forjó entonces, a través de un acuerdo establecido con los líderes del PAN y del PRD en aquellos años, nada menos que Felipe Calderón y el propio López Obrador.

Pero lo que está en el fondo de todo esto son tres cosas: por una parte, la sucesión en Morena. Por la otra, la todavía lejana sucesión presidencial (los radicales no tienen figura alguna de cara al 2024 y por eso apuestan a la reelección, incluso más allá del deseo de López Obrador). Y tercero, ligado con lo anterior, la tentación de imponer mayorías y de reelegirse ellos mismos en los cargos públicos.

No es una casualidad: a la Ley Bonilla para alargar el mandato del gobernador electo de Baja California, pese a todas la decisiones judiciales en contrario, se suma el intento de Martí de reelegirse en el Senado y ahora el que se hizo con Porfirio, que falló porque él mismo se bajó del barco. Lo del Congreso de Quintana Roo, ocupado a la mala por los legisladores de Morena, es otro ejemplo.

En el caso Bonilla, ayer el Presidente volvió a decir que se debe respetar la ley, sin adoptar una definición clara sobre el tema. Pero si somos estrictos, la ley, al día de hoy, dice que el mandato del gobernador electo es de dos años, para ese periodo fue elegido y ésa es la ley que se debe respetar. Lo demás, la nueva ley (que no ha sido publicada por el gobierno estatal y que, cuando lo sea, será impugnada ante la Suprema Corte) o los intentos de una consulta sobre el tema, sale sobrando. Como sucedió con la reelección de Martí o la de Porfirio.

Pero no acaban ahí las decisiones incomprensibles tomadas desde posiciones duras e intolerantes. La destitución del fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, por la Comisión Permanente del Congreso local es, a todas luces, ilegal. Para ser destituido debe tener un juicio político. El gobernador García lo ha intentado y nunca ha tenido los votos para hacerlo. Y ahora da una suerte de golpe de Estado contra la Fiscalía sin aval del Congreso (fue una decisión de la permanente) y para ratificar eso de la independencia lleva a la fiscalía a una funcionaria de Gobernación.

Y ocupa la Fiscalía (y se apropia de toda su información) con policías del cuestionado secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, el que fuera destituido en noviembre de 2016 como director del Centro de Operaciones Estratégicas (CEO) de la Procuraduría de Nuevo León, acusado de chantaje, secuestros y narcomenudeo por lo más importantes empresarios regiomontanos.

La lucha en todos los terrenos políticos se da hoy dentro de Morena y del gobierno, en torno al presente y el futuro del partido y del propio presidente López Obrador.

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